Luis Pablo Granier
Presidente de la Asociación Nacional Industriales Vitivinícolas (ANIV) de Bolivia
Se ha instalado la idea de que al vino y el singani boliviano les va bien. Hay bodegas nuevas, medallas y rutas de turismo llenas.
Desde la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas, que agrupa a cerca del 80% del vino y singani formal del país queremos compartir otra lectura, con cifras, y con propuestas:
El sector compra el 90% de su uva a más de 2.000 productores campesinos; ocho de cada diez cultivan una hectárea o menos. El 86% del vino que se vende en Bolivia es vino de mesa. Es una cadena completa, de capital nacional, que sostiene los valles de Tarija, Cintis, Samaipata y Cochabamba. Cuando la bodega pierde margen, el primero que lo siente es el viñatero.
Desde 2010, el precio del vino de mesa en bodega subió 24%. El impuesto específico que lo grava subió 67% y el salario mínimo, 386%. De 2025 a 2026, la botella de vidrio nacional subió 60% para vino y 48% para singani. El dólar oficial pasó de 6,96 a 11,00, y corcho, cápsula y etiqueta se pagan en dólares. Entre mayo y junio, 53 días de bloqueos en el occidente detuvieron la distribución y la cobranza; en junio, los ingresos de las principales bodegas cayeron 30% frente a junio de 2025. Sumado a esto tenemos una bomba de tiempo con relación al agua en nuestro valle. En Tarija, el embalse de San Jacinto perdió cerca del 34% de su capacidad por sedimentación y la mitad del agua que sale se pierde en la tubería antes de llegar a la viña, según los propios regantes.
Ninguno de esos datos es una queja. Son la razón de lo que proponemos.
Primero, el impuesto. En marzo, el Decreto Supremo 5563 devolvió el ICE del vino y el singani a 3,94 bolivianos por litro. Lo valoramos. Pero el mismo decreto mantiene la actualización anual por UFV, de modo que en enero de 2027 la alícuota volverá a subir.
Argentina declaró al vino bebida nacional por ley y le cobra 0% de impuesto interno. Bolivia declaró al singani y al vino de altura patrimonio cultural e interés estratégico del Estado, por la Ley 774 de 2016. Proponemos que esa declaración tenga contenido: una ley que reemplace la alícuota específica por una porcentual con tope de 5% para vino y singani. No es un privilegio. En 2025 el sector aportó 50 millones de bolivianos de ICE, solamente el 3,3% de lo recaudado por ese impuesto. El costo fiscal es pequeño; el efecto sobre 2.000 familias productoras, no.
Segundo, el agua. San Jacinto riega unas 2.000 hectáreas de las 5.000 previstas. La obra que más agua recupera en menos tiempo no es el dragado, sino la reposición de la tubería del sistema principal, dimensionada en más de 200 millones de bolivianos según los regantes y bajo responsabilidad de la Gobernación de Tarija. Pedimos que se ejecute con presupuesto y plazo publicados. Cada hectárea que recupera riego es uva que una bodega compra.
Tercero, lo que ponemos nosotros. El consumo de vino en Bolivia es de 1,75 litros por habitante al año, frente a 21 en Argentina y 19 en Chile. Con reglas estables, el consumo de vino nacional puede duplicarse en una década, y con él la uva comprada al productor, el empleo y el turismo en los valles.
Las bodegas asumen la inversión, la calidad y los mercados. Lo hemos hecho durante un siglo sin plan de desarrollo estatal.
No pedimos que nos protejan del mercado. Pedimos que dos decisiones públicas, el impuesto y el agua, dejen de jugar en contra. Que la Asamblea convierta en ley lo que el decreto dio por un año, y que la Gobernación ejecute la tubería de San Jacinto. Con eso, el sector se encarga del resto.
Fuente: www.gourmetmagazinebolivia.com.
