Si no se actúa a tiempo, podríamos descubrir demasiado tarde que aquello que nos hacía únicos fue reemplazado por urbanizaciones improvisadas.
Pablo Pizarro Guzmán*
Por años, el valle central de Tarija ha sido mucho más que un paisaje hermoso. Es una identidad, una cultura y una economía que ha sabido sostener a miles de familias a partir de la tierra. Los viñedos, los cultivos frutales y ríos no solo forman parte de una postal turística; constituyen el corazón productivo que ha permitido posicionar a Tarija como una referencia vitivinícola en Bolivia.
Sin embargo, hoy ese patrimonio enfrenta una amenaza silenciosa, pero constante: el loteamiento indiscriminado de tierras productivas.
En comunidades tradicionales como Santa Ana, La Pintada, San Isidro, La Ventolera, Ancón, Pampa La Villa, El Portillo, Tolomosa, San Jacinto o San Andrés, el fraccionamiento de tierras avanza sin tregua. Lo que antes eran parcelas dedicadas a la producción de uva, hortalizas o frutales, hoy se ofrecen en redes sociales como lotes para urbanizaciones improvisadas.
La preocupación no es menor. La cadena vitivinícola de Tarija sostiene directamente a más de 5.000 familias productoras y genera empleo para más de 3.500 personas en bodegas, cultivos, comercialización y distribución. Además, es la base de uno de los pilares turísticos más sólidos del departamento: la Ruta del Vino, que cada año atrae visitantes y dinamiza la economía regional.
Cuando desaparece un viñedo, no solo se pierde una parcela agrícola. Se debilita toda una cadena económica, cultural y turística que ha tardado décadas en consolidarse.
Las advertencias no provienen únicamente del sector productivo. Instituciones como la Federación de Empresarios Privados de Tarija, la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas han alertado que miles de hectáreas aptas para la producción agrícola están en riesgo en los municipios de Cercado y Uriondo.
El problema es claro: terrenos titulados como propiedad agrícola son fraccionados en pequeñas parcelas de 300 o 400 metros cuadrados para venderlos como lotes urbanos. Se trazan calles sin planificación, se modifican cerros, se tapan quebradas y se alteran sistemas naturales de agua que han sostenido por generaciones a comunidades productoras.
Más grave aún es que estas prácticas contravienen el espíritu de la normativa vigente. La legislación agraria y la Constitución establecen restricciones al fraccionamiento de la pequeña propiedad agrícola. Sin embargo, la proliferación de urbanizaciones informales demuestra que estas disposiciones no se están cumpliendo o, en el mejor de los casos, no se están controlando.
El resultado es una presión creciente sobre el territorio productivo del valle central.
Este no es un debate contra el desarrollo urbano. Tarija necesita crecer, pero ese crecimiento debe ser ordenado y planificado. Las ciudades pueden expandirse sin destruir las áreas productivas que garantizan empleo, turismo y seguridad alimentaria.
Lo que está en juego no es solo la producción de uva. También está en riesgo el paisaje que distingue al valle central, el equilibrio de sus fuentes de agua y el modelo económico que ha permitido que Tarija construya una identidad productiva basada en la vitivinicultura.
Por ello es imprescindible que el Gobierno nacional y los municipios asuman con urgencia este desafío. Regular la venta de tierras productivas, frenar los loteamientos clandestinos y establecer un ordenamiento territorial serio ya no es una opción política: es una necesidad estratégica para el futuro del departamento.
Porque el valle central de Tarija no puede convertirse en un territorio donde los viñedos desaparezcan lote a lote.
*jefe editorial
