La Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV) ha encendido una seria alerta sobre la proliferación descontrolada de loteamientos y asentamientos en zonas estratégicas para la producción vitivinícola en el Valle Central de Tarija.
Este fenómeno, que se extiende sin freno ni control institucional efectivo, pone en riesgo directo el desarrollo económico, el turismo y la seguridad alimentaria del departamento.
Durante una entrevista, Fernando Galarza, representante de ANIV, fue enfático: “Estamos enfrentando un grave peligro. No solo se está fraccionando tierra productiva, sino hipotecando el futuro de toda una cadena económica que sostiene a miles de familias tarijeñas”.
La expansión irregular de urbanizaciones sobre terrenos agrícolas, muchos de ellos aledaños o directamente sobre áreas ya cultivadas, está impactando negativamente en la proyección de crecimiento del sector vitivinícola. Tarija cuenta actualmente con más de 3.200 hectáreas de cultivo de vid, una producción que supera los 16 millones de litros de vino y 5 millones de litros de singani al año, movilizando una economía de más de 600 millones de bolivianos.
Pero más allá de los números, la situación es aún más crítica si se considera la capacidad instalada del sector: las bodegas pueden producir hasta 25 millones de litros de vino, lo que demuestra que existe margen para crecer. “Estamos limitando ese crecimiento por decisiones improvisadas y falta de control sobre el uso de suelo”, agregó.
La producción vitivinícola no solo sostiene empleos directos, más de 5.000 familias involucradas en producción y más de 3.500 personas empleadas en bodegas, cultivos, comercialización y distribución, sino que es la base de uno de los pilares turísticos más sólidos de la región. El paisaje vitivinícola de Tarija ha sido reconocido internacionalmente, como “la Toscana boliviana”.
Sin embargo, este reconocimiento podría volverse historia si continúan los loteamientos y a ello se puso de ejemplo zonas con gran potencial turístico y productivo, como Tolomosa y Santa Ana, se venden terrenos de 250 o 300 m² como si fueran urbanizables, en lugares donde apenas hay agua para riego.
La organización asegura haber enviado múltiples comunicaciones al Gobierno Municipal de Tarija, al INRA y a la Dirección de Planificación Urbana, advirtiendo sobre el impacto irreversible de estas prácticas. Aunque en algunos casos hubo respuestas, como la disolución de un convenio municipal con un particular para un supuesto parque industrial en zona productiva, el daño colateral ya está hecho: “Ese anuncio disparó la especulación inmobiliaria. Ya se están vendiendo los alrededores de las 75 hectáreas con expectativa de urbanización, cuando esa zona estaba proyectada para expansión vitivinícola”, añadió Galarza.
Desde ANIV no solo se exige un freno inmediato a los loteamientos ilegales, sino también acciones concretas para proteger legal y territorialmente las áreas productivas. Se están elaborando propuestas de ley junto a organizaciones ambientales como Fautapo y otras entidades, para establecer una normativa de preservación del suelo agrícola y paisajístico.
La población debe entender el valor estratégico de estas tierras no solo para el agro, sino para todo el ecosistema turístico y comercial del departamento.
Tarija tiene potencial para liderar la industria vitivinícola del país y posicionarse en el mercado internacional, como ya lo demuestran las más de 80 medallas obtenidas por vinos y singanis locales en concursos globales. Pero para lograrlo, se requiere voluntad política, planificación territorial responsable y un compromiso social para defender lo que da trabajo, identidad y desarrollo sostenible a la región.
Fuente: elfaro.com.bo
