El sector vitivinícola de Tarija pide reconsiderar la nueva cuota de retención en el proyecto de ley PL-528/2024-2025, ya aprobada en diputados, ahora en manos del senado.
La propuesta de una cuota de retención por litro comercializado de vino o singani, incluida en el proyecto de ley PL-528/2024-2025 ha generado un fuerte rechazo entre los empresarios del sector vitivinícola de Tarija. Una medida que podría perjudicar gravemente la economía local, la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) ha declarado un estado de emergencia y exige la reconsideración de la normativa.
El presidente de la FEPT, Franz Molina, se mostró rotundamente en contra de la ley, calificándola como «un nuevo impuesto disfrazado», que afectaría de manera directa al motor productivo del sur del país. “Es incomprensible que a pocos días del cambio de gobiernos, se adopten medidas que perjudican a la producción nacional, en lugar de apoyarla y fortalecerla”, señaló Molina, añadiendo que el país necesita mayor inversión y generación de empleo, y no medidas que castiguen a los productores.
FALTA DE DIÁLOGO
La polémica normativa fue aprobada en la Cámara de Diputados en una sesión que, según denuncian los empresarios, fue irregular y no contó con el tratamiento técnico necesario ni con la consulta a los sectores afectados. La FEPT considera que, en lugar de fomentar el diálogo con los sectores productivos, el proyecto fue impulsado de forma unilateral, lo que podría desencadenar una serie de consecuencias negativas tanto para el empleo como para las inversiones en la región.
LLAMADO AL SENADO
Ante la falta de consenso y la preocupación creciente, la FEPT ha solicitado al Senado que detenga el avance del proyecto de ley PL-528/2024-2025 y convoque a una mesa de diálogo con los actores del sector productivo. La organización enfatiza que es necesario encontrar una solución que permita el crecimiento del sector vitivinícola, resguardando la seguridad jurídica y el respeto institucional.
Franz Molina destacó la importancia de garantizar un marco legal estable y favorable para los emprendedores, que permita el desarrollo del sector en el largo plazo. «Es esencial que el sector productivo sea tratado con respeto y que se busque un consenso que beneficie a todos, evitando medidas que solo agudicen la crisis económica que atraviesa el país», concluyó.
EL FUTURO DEL SECTOR
El rechazo al proyecto de ley refleja una creciente preocupación sobre cómo las políticas fiscales y normativas afectan a sectores clave de la economía boliviana. En el caso del sector vitivinícola, uno de los pilares de la economía de Tarija, la propuesta podría frenar años de crecimiento y expansión, afectando no solo a los productores, sino también a toda la cadena de valor que sostiene la industria.
La respuesta final dependerá del tratamiento que reciba este proyecto en el Senado y si se opta por una revisión más profunda que contemple las necesidades de los sectores productivos del país. Por lo pronto, los vitivinicultores esperan un diálogo serio y abierto, con el fin de encontrar soluciones que favorezcan tanto a los productores como a la economía nacional.
IMPACTO ECONÓMICO
Según la FEPT, la implementación de esta cuota de retención tendrá un impacto devastador sobre el sector vitivinícola, que representa una de las principales fuentes de empleo en el Valle Central de Tarija y otras provincias productivas del sur del país. Se estima que más de 5.000 familias dependen directamente de la cadena productiva de uvas, vinos y singani, lo que involucra a unas 20.000 personas en total.
«Esta norma afectará tanto a los grandes productores como a los pequeños emprendedores familiares que han apostado por el desarrollo de esta industria. No solo se perderán empleos directos, sino también indirectos, afectando la competitividad y la capacidad de innovación de las pequeñas y medianas empresas«, advirtió la gerente general de la FEPT, Patricia Vargas.
